El “Corolario Trump”: ¿Imperialismo tardío?

 El “Corolario Trump”: ¿Imperialismo tardío?

Pablo Dávalos

¿Por qué Trump decidió hacer volar por los aires a la globalización? ¿Por qué reactualiza el imperialismo en su versión más cruda? ¿Qué significa realmente el Corolario Trump a la Doctrina Monroe? ¿Por qué pone al límite al liberalismo y lo muestra más como un simulacro que como discurso que legitima al capitalismo? ¿Por qué amenaza y agrede a sus propios aliados de la OTAN? 

Un texto clave para intentar una respuesta a esas cuestiones es, sin duda, La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (The White House, Nov-2025), de noviembre de 2025 y publicado por la segunda Administración Trump. Es en este texto en donde el gobierno de Trump enuncia no solo sus intenciones, sino también sus miedos más ocultos. 

Hay un párrafo, en la página 5 de este documento, que se titula: Qué queremos y qué esperamos del mundo, en donde se enuncia el “Corolario Trump”; lo cito:

Queremos garantizar que el Hemisferio Occidental se mantenga razonablemente estable y bien gobernado para prevenir y desalentar la migración masiva a Estados Unidos; queremos un Hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra narcoterroristas, cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un Hemisferio libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave, y que apoye cadenas de suministro cruciales; y queremos asegurar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave. En otras palabras, afirmaremos y haremos cumplir un "Corolario Trump" de la Doctrina Monroe. (The White House, Nov-2025, pág. 5)

Como puede discernirse de este párrafo, hay una distancia abisal entre el discurso de la globalización que emerge desde la caída del muro de Berlín, en los años noventa del siglo pasado con respecto al “Corolario Trump”. Hay una conversión de las organizaciones denominadas por la Casa Blanca como crimen transnacional, en sujetos políticos que justifican y legitiman el repliegue estratégico de EEUU y sirven de coartada para perseguir a las disidencias que, en esta Estrategia de Seguridad Nacional, asumen la forma de migrantes o la forma de ciudadanos inconformes con su régimen; pero, sobre todo, aquello que llama la atención es la frase: “queremos un Hemisferio libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave”; porque marca una ruptura entre el orden global y el nuevo orden hemisférico que empieza a configurarse. 

En el primer caso se trata de la globalización y de EEUU como el epicentro que define las coordenadas, la lógica y las condiciones de la globalización aseguradas, entre otros aspectos, por la fortaleza de su moneda, su balanza de pagos y tanto su poder blando como su poder militar. En el otro caso se trata de la renuncia expresa a cualquier pretensión de hegemonía sobre un orden global. En otros términos, se trata de un repliegue. ¿Por qué se produce esto? ¿Qué consecuencias tiene para el mundo?

La globalización llega a su fin

El discurso de la globalización presentaba al mercado mundial como una oportunidad para el crecimiento, la democracia y la supuesta resolución pacífica de los conflictos dentro del marco del liberalismo y del capitalismo y el respeto a los derechos humanos individuales. No solo eso, sino que en los años noventa, hubo una convergencia y confluencia entre las políticas de ajuste del FMI con la necesidad de construir un mercado global, un proceso que, en la jerga del FMI y del Banco Mundial, fue denominado como reformas estructurales. Esa convergencia a fortiori logró que el dólar se imponga como la moneda dominante en el mercado mundial. Lo que no pudo lograrse en Bretton Woods en 1944, se empezó a construir a partir de la caída del muro y la implosión de los denominados “socialismos reales”. Muchas economías se resintieron en esta convergencia monetaria mundial hacia el dólar y el mundo vivió en los años noventa del siglo pasado varias crisis monetarias, pero se trataba del costo que las economías asumían para integrarse de manera subordinada al orden monetario global bajo la égida del dólar americano. 

El discurso de la necesidad del mercado mundial y llevar adelante las respectivas convergencias normativas y comerciales se impusieron a rajatabla. En América Latina, la administración Clinton quiso suscribir un área de libre comercio con los países de la región que, finalmente, fracasó. Sin embargo, el capitalismo y el liberalismo se convirtieron en la razón dominante del mundo, o, como describe el periodista Ignacio Ramonet: en pensamiento único. 

La globalización suponía e imponía la imposibilidad de sustraerse de ella. En palabras de Margareth Thatcher, “no hay alternativas” a la globalización liberal. Justo porque, aparentemente, no había alternativas, Francis Fukuyama, un teórico de la Rand Corporation, posicionaba la tesis del liberalismo y la democracia americana como el “fin de la historia”, mientras que el filósofo francés F. Lyotard, de su parte, sustentaba la crisis final de los mega-relatos (sobre todo el fin del marxismo) y el paso hacia la “posmodernidad”.

La construcción del mercado mundial bajo la hegemonía norteamericana siempre tuvo sus críticos. De hecho, en 1994 insurge en México el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, como una respuesta directa a la globalización, justo en el preciso momento en el que las rondas GATT de Montevideo daban paso a la OMC (Organización Mundial de Comercio) y la nueva gobernanza desde el mercado mundial. Aquello que transformaba cualitativamente a la OMC y al sistema de gobernanza era la subordinación de la soberanía política de los Estados al mercado mundial.

El sujeto del mercado mundial y su gobernanza era el agente schumpeteriano de la destrucción creativa, es decir, el empresario que asumía los costes y riesgos de la inversión y que, en virtud de ello, se transformaba en la fuerza prometeica que cambiaba el mundo. Ese empresario adoptaba, en ese nuevo orden, la figura de inversionista y su acto se transformaba en inversión extranjera directa.

Los inversionistas y la inversión extranjera directa se convirtieron en el pivote sobre el cual se estructuraba el nuevo orden mundial de la globalización. Las leyes que la convergencia normativa de la OMC imponía a todos los Estados del mundo, representaban, aseguraban y protegían los intereses de los inversionistas incluso por encima de los derechos sociales, ambientales y los derechos de los trabajadores. 

Así, los derechos de propiedad intelectual y la seguridad jurídica se transformaban en el centro de todas las reformas legales que los Estados estaban obligados a tomar para integrarse, de grado o por fuerza, a la globalización.

Los países subdesarrollados, en esta nueva lógica, se transformaron, de manera súbita, en “países emergentes” gracias al arribo de la inversión extranjera directa. Y el desarrollo económico se medía en función de la capacidad de atraer inversión extranjera directa. Para generar la necesaria “seguridad jurídica” a la inversión extranjera directa y al libre flujo de capital se impuso a los países del mundo una serie de reformas institucionales y legales, debidamente monitoreadas por el Banco Mundial y la cooperación internacional al desarrollo.

Oponerse al libre mercado era oponerse el destino del mundo. Los acuerdos de inversión se convirtieron en la lógica de un proceso de convergencia jurídica en el cual los inversionistas podían incluso sentar en el banquillo de los acusados a los Estados a través de los centros de mediación y arbitraje internacional. 

En los noventa, con la transición de la Federación Rusa hacia el capitalismo, y con las reformas de libre mercado en las zonas especiales de desarrollo económico de China, era evidente que el discurso liberal del libre mercado se había impuesto como razón dominante del mundo.

Como colofón a este nuevo orden mundial actuaba el discurso teórico del neoliberalismo que otorgaba las credenciales epistemológicas a esta nueva racionalidad del mundo.

Se sumaba, a esa euforia, la emergencia de las economías punto com. El auge de internet y la consolidación de una poderosa industria financiera especulativa transnacional hacía que el libre mercado sea más que una promesa. En realidad, se convertían en deber-ser, en deontología del neoliberalismo. 

Aunque la crisis de las punto com y la crisis asiática de fines de los noventa daban cuenta de fallas en el diseño del mercado mundial y los costos que las economías tenían que pagar por la convergencia monetaria hacia el dólar se expresaba en inestabilidad de los mercados de tipo de cambio, se cuestionaba el cómo pero nunca el porqué. 

Se pensaba que con más regulación y con una intervención más intensa del Estado en sectores críticos de la economía y en una tímida redistribución del ingreso, sobre todo con transferencias monetarias condicionadas para los países más pobres, el mercado mundial bien podría alcanzar a resolver muchos de los problemas que la humanidad no había resuelto hasta ese entonces. Realmente era, según la ideología de la globalización, el fin de la historia. El fin de los meta-relatos, entre ellos, aquel de la revolución. 

La izquierda parlamentaria y estatal se sometió a estas prescripciones y se convirtió en guardiana de la ortodoxia de la integración de los mercados nacionales hacia el mercado mundial, así como de la disciplina fiscal y la austeridad. Aparentemente la globalización iba bien y solo era cuestionada por ciertos sectores de la izquierda, por supuesto, sus alas más radicales. Pero de pronto, tres décadas después, ese mundo estalla por los aires con la segunda administración Trump y su “Corolario” a la Doctrina Monroe.

El “orden hemisférico”

Con la doctrina de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca de la segunda administración Trump, se produce un cambio de proporciones: se pasa del orden global al orden hemisférico. El “orden hemisférico”, además, se circunscribe de manera exclusiva a los intereses norteamericanos. Esto puede advertirse cuando la Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU, propone lo siguiente:

queremos la restauración y revitalización de la salud espiritual y cultural estadounidense, sin la cual la seguridad a largo plazo es imposible. Queremos una América que atesore sus glorias pasadas y a sus héroes, y que anhele una nueva era dorada. (The White House, Nov-2025, pág. 4)

Definitivamente se renuncia al mundo por un retorno al pasado (las “eras doradas”). Con ello se confirma que EEUU no tiene la pretensión de regir y dominar el mercado mundial y construir un futuro común para Occidente; ahora hay un “Hemisferio Occidental” que proteger y un pasado que reconstruir. 

Esto significa que ya no hay inversión extranjera directa como sujeto histórico que enrumba la globalización, ahora hay “intereses norteamericanos” que se defienden con poder militar. Es el retorno a la “política de las cañoneras”. Durante la época de la globalización, la apertura del mercado en Rusia y en China eran una oportunidad, ahora son una amenaza. 

¿Qué pasó? ¿Qué hizo que EEUU abandone el mercado mundial y se refugie en el “Hemisferio Occidental” y en la “restauración y revitalización de la salud espiritual y cultural estadounidense? ¿Cómo explicar su repliegue?

Evidentemente, si EEUU se repliega a sus cuarteles de invierno es porque no está ni cómodo ni seguro con el discurso y con la dinámica del mercado mundial y, por supuesto, con la globalización. Aquello que fue la punta de lanza del liberalismo y la conquista del mundo, ahora se convierte en una constatación de sus miedos. La globalización, para EEUU, es ahora una amenaza estratégica. ¿Por qué? 

El olvido estratégico

La evidencia indica que el mercado mundial de la globalización nunca aseguró la hegemonía que EEUU buscaba, más bien al contrario, fue el mercado mundial capitalista el que minó desde dentro esa hegemonía. ¿Por qué sucedió esto? Porque EEUU fue la víctima de un olvido estratégico. 

Cuando EEUU utilizaba la fuerza de trabajo barata del sudeste asiático para apalancar su rentabilidad y, consecuente con su promesa del mercado mundial, acelerar la inversión extranjera directa hacia esos mercados que ofrecían fuerza de trabajo abundante, dócil, exenciones tributarias y seguridad jurídica, se olvidó el hecho de que transferir producción era, en realidad, transferir poder. 

Así, las corporaciones multinacionales atraídas por esa fuerza de trabajo abundante y barata, procedieron a externalizar sus procesos productivos hacia Indonesia, Vietnam, Tailandia y, sobre todo, China. Esa transferencia de gestión, producción y conocimiento, años después, jugaría el rol de la revancha de la historia. 

A las corporaciones norteamericanas y sus gobiernos, en especial desde que Nixon visitó a China en los años setenta del siglo pasado y, gracias a esa visita validó la propuesta de las zonas económicas especiales de Deng Xiaoping, se les olvidó la lección más importante de la economía política: el trabajo genera valor y el valor es el fundamento de toda relación de poder, de toda estructura ontológica del mundo capitalista. 

Ese olvido les pasará una factura histórica enorme. Los desgastará en su proyecto hegemónico y los llevará a una posición de desesperación: protegerse del mercado mundial, es decir, protegerse de la ley del valor.

La transferencia de la producción hacia China, en realidad, era la transferencia del poder del mundo. Puede decirse todo lo que se quiera sobre la economía política clásica, pero la cuestión de fondo es que era la única baza teórica para comprender las consecuencias del aprendizaje de China y el sudeste asiático con respecto a la producción.

Occidente olvidó la economía política y, en cambio, consideró que la economía estándar, con sus complejos lenguajes y su apelación a las matemáticas (hasta se inventaron un premio Nobel para ello), eran más que suficientes para entender lo que ocurría en el mundo. Pero, se trató de una teoría que nunca entendió lo que significaba que China haya empezado a aprender a producir. Era una teoría que olvidó los fundamentos básicos de la economía política y que sepultó la teoría del valor. Quizá haya sido un recurso heurístico para posicionar sus propios marcos epistemológicos, pero dejó a las elites del poder sin las herramientas teóricas para comprender la trascendencia de sus decisiones. 

Por eso, cuando China terminó ese aprendizaje, comprendió rápidamente que, al producir mercancías, en realidad, producía al mundo; al producir al mundo, se disputaba la construcción, el sentido y el dominio sobre ese mundo. Quien manejaba, controlaba y definía la producción del mundo se transformaba en su fuerza hegemónica. La producción, había advertido el materialismo histórico, es la base para el “poder espiritual” de cualquier sociedad. Las ideas dominantes de una época, son las ideas de la clase dominante. Una clase es dominante cuando acapara, define y controla la producción, la industria, la formación de la mercancía a escala global.

La producción de mercancías, al menos en el capitalismo es, en definitiva, la producción del mundo. Desprenderse de la producción significa olvidar el secreto de la mercancía, conforme la economía política clásica, que el trabajo no solo creaba valor, sino que creaba al mundo que albergaba ese valor. Hay una dimensión ontológica en la mercancía que los teóricos de EEUU y sus aliados olvidaron de advertir hasta que fue demasiado tarde.

Estados Unidos y, con él, Occidente, creyeron con la fe del carbonero en el simulacro teórico de las teorías económicas que les indicaban que se había llegado al mejor de los mundos posibles gracias a la liberalización de la economía, la desregulación de los mercados y el libre flujo de capitales.

Como ese discurso, disfrazado de ciencia, no buscaba comprender lo real sino legitimarlo, no hubo posibilidad de intuir que la peor trampa para el capitalismo venía bajo la forma de inversión extranjera directa, delocalización, relocalización, outsourcing y especulación financiera.

¿Es posible la reindustrialización?

EEUU perdió, en esa vorágine, el control sobre la producción. La mercancía se le escapó de sus manos y comprendió que sin producción es imposible disputar el sentido y el control del mundo, la hegemonía del mundo. Es eso lo que dice en las páginas 13 y 14 del documento La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos:

Reindustrialización: El futuro pertenece a los creadores. Estados Unidos reindustrializará su economía, relocalizará la producción industrial y fomentará y atraerá la inversión en nuestra economía y nuestra fuerza laboral, con un enfoque en los sectores tecnológicos críticos y emergentes que definirán el futuro. Lo haremos mediante el uso estratégico de aranceles y nuevas tecnologías que favorezcan la producción industrial generalizada en todos los rincones de nuestra nación, eleven el nivel de vida de los trabajadores estadounidenses y garanticen que nuestro país nunca más dependa de ningún adversario, presente o potencial, para productos o componentes críticos. (The White House, Nov-2025, págs. 13-14)

“El futuro pertenece a los creadores” es una verdad inapelable. Por eso, cuando se lee este párrafo es inevitable la sorpresa por su excesiva ingenuidad. “Estados Unidos reindustrializará su economía”, dice el documento oficial de la segunda administración Trump. Pero se sabe que eso es imposible. Es poner los deseos antes que la realidad. No hay ninguna posibilidad de que ningún país del mundo pueda, en las condiciones presentes, reindustrializarse. Ese tren ya abandonó el andén hace tiempo. 

Los procesos de delocalización y relocalización de los años ochenta y noventa del siglo pasado, bajo la figura de la inversión extranjera directa, cambiaron al capitalismo de forma trascendente. 

La transferencia de la industrialización hacia China, ha otorgado a este país un nivel tal de competitividad y de productividad que es prácticamente imposible competir con ellos. China se ha adueñado de la producción del mundo y es algo que, bajo ninguna circunstancia, van a ceder. EEUU perdió la batalla de la industrialización del mundo ante China. Es un dato, una constatación empírica. Un factum.

Por eso, la “reindustrialización de Estados Unidos”, es una especie de llamado desesperado a detener el mundo, a decir que pare, que hay que bajarse, que hay que dar hacia atrás la rueda de la historia. Hay que reindustrializarse. Como si la reindustrialización fuese una simple política pública que puede aplicarse con documentos, buenas intenciones, aranceles y programas multimillonarios. En realidad, es la confesión de que se perdió al mundo. De que el olvido estratégico de que el trabajo genera valor, ahora hunde al imperio no solo en sus miedos sino en su impotencia. EEUU ya no produce el mundo, ya no produce nada. Tiene que comprarlo todo fuera. Tiene que comprar a China, y, así, constatar que fue una pésima idea aquella de delocalizar y relocalizar la producción.

¿Existe el “Hemisferio Occidental”?

Sin embargo, de la misma manera que la noción de “reindustrialización” asombra por su irrealidad, también asombra la referencia al “Hemisferio Occidental”. Strictu sensu, no existe ningún “Hemisferio Occidental”. EEUU confunde una situación geográfica, el continente americano con un concepto geopolítico. 

Occidente es el nombre del liberalismo, el judeocristianismo, la democracia liberal y el capitalismo. Es una construcción simbólica-ideológica que se generó en la última posguerra como forma de dividir al mundo entre “ellos” y “nosotros”. “Ellos” eran los países comunistas, los árabes, el islam. Era el Otro como construcción hecha desde la geopolítica y el poder. Como nos enseñó Said con el Orientalismo, Occidente siempre fue una invención geopolítica del imperialismo.

Pero la globalización cambió esas coordenadas. En la globalización, Occidente se transformó en el discurso que sostenía la construcción del mercado mundial, en el universo simbólico que sostenía el “poder blando” de la dominación imperial. Se bombardeaba países, en plena globalización, para someterlos a Occidente lo que, en realidad, quería expresar era someterlos a las corporaciones transnacionales de Europa y EEUU. 

Por eso, cuando el “Corolario Trump” hace referencia al “Hemisferio Occidental”, hay que imaginar que esta vez la Casa Blanca piensa en transformar una realidad definida en términos geográficos y topográficos en un espacio geopolítico en tanto área directa no de influencia sino de saqueo. 

No es una referencia a un concepto simbólico de la globalización y a una cobertura ideológica para la globalización, sino una reterritorialización del poder a escala mundial y la certificación de que la globalización ha terminado y empieza la etapa imperial del capitalismo tardío. Si hay un “Hemisferio Occidental”, entonces existen los “Otros”, los que están fuera de este “Hemisferio Occidental”. Este Hemisferio es el territorio de EEUU en el sentido amplio, es decir, el continente americano. En tanto geografía, dice el texto, EEUU es “envidiable” porque tiene fronteras sin riesgo de invasión militar:

una geografía envidiable con abundantes recursos naturales, sin potencias competidoras físicamente dominantes en nuestro hemisferio, fronteras sin riesgo de invasión militar y otras grandes potencias separadas por vastos océanos;

El retorno a la geografía propia es la necesidad de cartografiar la ruta de regreso a los cuarteles de invierno luego de la derrota. La geografía siempre es política. El Hemisferio Occidental, para EEUU es, simple y llanamente, todo el continente americano. Es su continente. Es su territorio. Empero, en ese territorio que EEUU considera un no man’s land hay Estados-nación soberanos y sociedades que, bajo ninguna circunstancia van a suscribir, apoyar o legitimar ningún tipo de colonialismo o neocolonialismo en sus países. Ya no se está en el siglo XIX. Ya no se puede demarcar una geografía para reclamar un derecho de posesión. La globalización cambió esas coordenadas históricas y geopolíticas para siempre. Pero la Casa Blanca no se da por enterada de ello. Simplemente, olvida la historia, archiva la soberanía y declara, firme y solemne, el retorno del imperialismo.

No existe “Hemisferio Occidental” como realidad geopolítica al menos en el contexto de la globalización. Existe como evidencia geográfica, como pretensión imperial. EEUU piensa construirlo y lo hace porque es allí donde pretende refugiarse. ¿Refugiarse de qué? Pues, de los otros, de esas “otras grandes potencias separadas por vastos océanos” que ahora amenazan a su hegemonía.

Como ha optado por el repliegue, los otros, esas potencias separadas por vasos océanos, deben saber que EEUU está presto a utilizar la paz como recurso de guerra. No es un oxímoron, es su propia declaración:

Paz a través de la fuerza: La fuerza es el mejor elemento disuasorio. Los países u otros actores suficientemente disuadidos de amenazar los intereses estadounidenses no lo harán. Además, la fuerza puede permitirnos alcanzar la paz, porque las partes que la respetan a menudo buscan nuestra ayuda y son receptivas a nuestros esfuerzos para resolver conflictos y mantener la paz. Por lo tanto, Estados Unidos debe mantener la economía más sólida, desarrollar las tecnologías más avanzadas, impulsar la salud cultural de nuestra sociedad y desplegar el ejército más capacitado del mundo. (The White House, Nov-2025, págs. 8-9).

La fuerza es “el mejor elemento disuasorio” cuando hay conflicto, no cuando hay comercio o mercados. Se trata de una verdad que viene desde Kant y su intento de construir la “paz perpetua” a partir del comercio. Si se opta por la fuerza es porque ya no se posee las riendas del comercio. Si se amenaza al mundo con aranceles y con “desplegar el ejército más capacitado del mundo”, es porque se tiene miedo. Mostrar los dientes es signo de defensa, pero también de repliegue antes del ataque.

Como puede apreciarse, EEUU quiere fragmentar la globalización en mil pedazos. Donde hubo convergencia normativa y monetaria, ahora hay divergencias, rupturas y fracturas. Hay desconexión normativa, institucional, comercial y monetaria. Una desconexión que se lleva adelante vía sanciones, aranceles, amenazas, bombardeos y ataques armados. La segunda administración Trump, coherente con esta visión del mundo, desmantela todas las instituciones que le habían ayudado a mantener su poder blando sobre el mundo.

Así, EEUU pasa de la dominación mundial al repliegue estratégico. En ese repliegue no hay posibilidad alguna de un “equilibrio de poder” global, porque EEUU asume por sí solo una posición que va a contrapunto de lo que realmente pasa en el mundo. Por ello, la amenaza:

Equilibrio de poder: Estados Unidos no puede permitir que ninguna nación se vuelva tan dominante que pueda amenazar nuestros intereses. Trabajaremos con aliados y socios para mantener los equilibrios de poder globales y regionales y prevenir el surgimiento de adversarios dominantes. Si bien Estados Unidos rechaza el nefasto concepto de dominación global para sí mismo, debemos prevenir la dominación global, y en algunos casos incluso regional, de otros. Esto no significa derrochar sangre y dinero para reducir la influencia de todas las grandes y medianas potencias del mundo. La enorme influencia de las naciones más grandes, ricas y fuertes es una verdad intemporal de las relaciones internacionales. Esta realidad a veces implica trabajar con socios para frustrar ambiciones que amenacen nuestros intereses comunes. (The White House, Nov-2025, pág. 10)

EEUU “no puede permitir que ninguna nación se vuelva tan dominante que pueda amenazar nuestros intereses” y va a “prevenir el surgimiento de adversarios dominantes”. ¿Cómo piensa hacerlo? No puede invadir más países a riesgo de desencadenar una tercera guerra mundial. Su política de sanciones se ha revelado contraproducente y ha castigado más a sus aliados que a sus enemigos. En efecto, las sanciones a Rusia hundieron a Europa, no a Rusia; las sanciones a China perjudicaron a su corporación estrella, NVIDIA, no a China. Los aranceles hundieron la capacidad de consumo de sus propios ciudadanos.

Entonces, la única opción que tiene para que ninguna potencia amenace sus intereses es hundir el comercio global. Diseñar un infierno arancelario y de sanciones económicas para todas aquellas potencias que desafíen al imperio. No obstante, no existen condiciones históricas para que esta opción sea viable y efectiva. Lo demostraron las múltiples sanciones a Rusia que, finalmente, hicieron daño, mucho daño, a los países europeos.

De la misma manera que EEUU transfirió a China la capacidad ontológica de producir el mundo, al transferirle la industrialización, así Europa transfirió a EEUU sus capacidades de defensa. Entonces, cuando EEUU expresa que trabajará con sus socios “para frustrar ambiciones que amenacen nuestros intereses comunes”, en realidad, expresa su decisión de utilizar a Europa como escudo, cobertura y peón. Eso es tutelaje. Neocolonialismo.

Entonces, y en perspectiva, no es Venezuela el país más amenazado por EEUU, a pesar del secuestro de su presidente y del intento de robar su petróleo, es Europa el continente más amenazado. Europa confirma el aforismo de que es terrible ser enemigo de EEUU, pero ser su aliado es fatal. Por supuesto que el repliegue de EEUU supone el inicio de su decadencia, pero también indica que lo más probable es que en esa caída, EEUU arrastre consigo a Europa, su aliado más fiel.

BRICS, multipolaridad y el riesgo del conflicto global

¿Qué tan plausible es la posición de repliegue de EEUU? El hecho de que EEUU opte por fracturar la globalización y sus acuerdos, ¿significa que la globalización ha terminado? La respuesta, por supuesto, es que la globalización no ha terminado en absoluto. Simplemente atraviesa nuevos momentos. Por esas paradojas de la historia, la globalización depende ahora de países que no son ni plenamente liberales ni totalmente capitalistas. Esos países no van a resignar en absoluto la globalización solo porque EEUU ahora la considere una amenaza. Son países que se han comprometido en inversiones en infraestructura y en construcción del mercado mundial de manera importante y en todo el mundo. La globalización les transformó en economías globales. Tienen una visión amplia y han construido una arquitectura institucional de largo aliento. El bloque más fuerte que han consensuado es aquel de los BRICS que incluso tiene ya su propia banca multilateral. En ese bloque no hay un solo país europeo.

Entonces, el mundo pasa a una contradicción entre una globalización que se desprende de los contenidos más liberales y capitalistas y que tiene en este bloque BRICS su expresión más evidente y, de otra parte, EEUU que se repliega a su territorio con una posición defensiva y guerrerista mientras que su más fiel aliado, Europa se hunde en la intrascendencia. 

¿Significa esto que el mundo pasa a una “multipolaridad”? No es probable, porque los países de los BRICS y sus aliados, no pretenden disputar ninguna hegemonía con EEUU. No necesitan hacerlo. Ellos se han imbricado de tal manera en la construcción del mercado mundial que es este compromiso y estos nexos y vinculaciones que tejen y consolidan cotidianamente, los que definen su poderío y hegemonía. Por eso, no quieren disputar algo que ya poseen. Sin embargo, EEUU los obliga a asumir una posición defensiva. Tienen que hacerlo porque el retorno del imperialismo se sostiene sobre la guerra, la rapiña, el saqueo.

Para ratificarlo, la segunda administración Trump ha secuestrado a un presidente de la república legítimamente electo y en plenas funciones constitucionales, el presidente venezolano Nicolás Maduro. Además, intenta robar sus recursos naturales. Amenaza a sus países fronterizos, tanto Canadá como México con invadirlos. Amenaza con tomarse el territorio de Groenlandia y pone a la OTAN en una contradicción irresoluble y a un paso de su disolución. Juega con los aranceles con todos los países del mundo. Prohíbe exportaciones de bienes tecnológicos a China. Apresa a los ejecutivos de una las transnacionales más grandes de China, Huawei, acusándolos de conspiración y sin mediar ningún debido proceso. Bombardea Siria, Yemen, Irán, Sudán. Así, de pronto, el mundo ahora comprende que EEUU se ha convertido en un Estado canalla. En un imperialismo decadente y tardío. En una sociedad que está a punto de la implosión, como lo demuestran los excesos de la policía del régimen de Trump, el ICE y sus ataques cada vez más indiscriminados contra su propia población.

Trump quiso hacer América Grande Otra Vez (MAGA). Pero convirtió a su país en un Estado canalla. Fracturó a su propia sociedad. Generó un régimen de miedo interno que la historia muestra en los regímenes fascistas y pone al mundo al filo de la tercera guerra mundial. ¿Hay alguna salida? ¿Acaso la historia no nos sirvió de advertencia cuando un dictador alemán empezó a adueñarse de territorios y hacer lo que quería sin oposición alguna, hasta que fue demasiado tarde?

Bibliografía

The White House. (Nov-2025). National Security Strategy of the United States of America. Washington: The White House.

 

 

 

 

 

La derrota política de Trump: El secuestro del presidente Maduro y la transición política que nunca se dio

  

La derrota política de Trump:

El secuestro del presidente Maduro y la transición política que nunca se dio

 

Pablo Dávalos

En la madrugada del tres de enero de 2026, la administración del presidente norteamericano Trump, en una operación militar que comprendió el bombardeo a varias bases militares en Caracas y otras ciudades de Venezuela, y el asesinato a los miembros de los circuitos de seguridad, secuestró al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Esta operación militar era la consecuencia al asedio marítimo que EEUU había empezado contra el país a inicios de agosto del 2025. 

Como parte de la estrategia de intervención militar, el gobierno norteamericano procedió a nombrar al Secretario de Estado, Marco Rubio, como administrador provisional para Venezuela, quien determinó que el nuevo gobierno de Venezuela deberá ser evaluado constantemente en su comportamiento para evitar nuevos bombardeos. 

El día cuatro de enero de ese mismo año, el Presidente norteamericano Donald Trump, en rueda de prensa, indicaba que su país tomaba posesión del petróleo de Venezuela y que administraría el país el tiempo suficiente para garantizar una transición ordenada hacia la democracia. Trump, además, indicó que los recursos del petróleo financiarían los costos de la administración de Venezuela y su proceso de transición ordenada durante todo el tiempo que eso ocurra. Sin embargo, en un giro impredecible, Trump indicó que la principal opositora a Nicolás Maduro y recientemente galardonada con el premio Nobel de la paz, María Corina Machado, en realidad, no representaba a nadie y no tenía ningún reconocimiento social en Venezuela por lo que estaba negada su participación en la “transición política hacia la democracia”. Con esto excluía a lo que se había considerado, hasta entonces, el actor político más importante de la oposición venezolana.

Ante el secuestro del presidente constitucional de Venezuela, la Corte Constitucional venezolana encargó la administración del ejecutivo a la vicepresidenta Delcy Rodríquez. Es un encargo provisional pero que le permite al país tener la institucionalidad y legalidad necesarias. El cuatro de enero, asimismo, en horas de la mañana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, acompañada del ministro de relaciones exteriores, y de los comandos policiales y militares y otros altos funcionarios del gobierno, indicó que hay un Decreto emitido por Nicolás Maduro que declara el estado de conmoción externa y que es el marco jurídico sobre el cual se actuará en adelante. Indicó, asimismo, que Venezuela no permitirá el tutelaje ni la administración de ningún país extranjero y reclamó por la agresión sufrida y exigió la devolución inmediata del presidente Nicolás Maduro. En su exposición, Delcy Rodríguez, hizo varias referencias a Nicolás Maduro como el único y legítimo presidente del país e hizo también referencia a la herencia libertaria del Libertador Simón Bolívar, para ratificar el compromiso del gobierno con la soberanía y el derecho a la autodeterminación, así como el rechazo a cualquier maniobra de tutelaje sobre el país.

Las noticias daban cuenta de que en Venezuela no se produjo ni una sola movilización a favor de la operación militar de EEUU y que, por el contrario, todas las movilizaciones sociales fueron a favor del retorno de Maduro y en contra de EEUU. Asimismo, no se produjeron en ninguna ciudad de Venezuela ningún tipo de actos vandálicos ni tampoco ningún tipo de acto de la oposición política, como el caso de las denominadas “guarimbas” que fueron actos de fuerza de la oposición en circunstancias anteriores. 

Ante la operación militar de EEUU, por supuesto que hubo sorpresa no solo en Venezuela sino en el mundo, pero la sociedad venezolana se mantuvo en calma y apegada al derecho y a las instituciones. No se registraron ni desmanes ni turbulencias sociales de ningún tipo y en ninguna ciudad del país. Esto daba cuenta de que el secuestro del presidente Nicolás Maduro, no suscitó ningún cambio de régimen y que, por el contrario, el régimen venezolano se mostraba firme y férreamente unido. 

Es justamente ante ese hecho que EEUU decide reconocer el rol de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pero con la amenaza de tomar represalias si ella no hace lo que la administración Trump tiene previsto para el país. Sin embargo, las primeras declaraciones políticas de Delcy Rodríguez no dejan ninguna duda de la distancia abismal que hay entre los deseos de la administración Trump con la situación real de Venezuela. 

El periódico The Wall Street Journal reconoce que Delcy Rodríguez pertenece a la línea dura del socialismo y de la izquierda de la revolución bolivariana. Sus padres provenían de sectores de izquierda y ella tiene un largo recorrido en la revolución bolivariana. Esto hace que la línea de mando, a pesar del secuestro del presidente Maduro, siga la misma línea ideológica, de ahí que goce de la confianza de los mandos del ejército, la policía y las bases sociales.

En Venezuela, al menos en los primeros días del secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, se consolidó la alianza militar-policial-popular y el país entró en un estado de conmoción externa con vigilancia de las fuerzas armadas bolivarianas y con la presencia de todas las instituciones del Estado Bolivariano que mantuvieron el orden, la legalidad y la paz en todas las ciudades del país. 

A diferencia de otras circunstancias en las que el derrocamiento del liderazgo por parte de EEUU condujo a una transición política producto del hundimiento social, como fue el caso de Libia o Irak, esta vez, al menos en los primeros días, no se produjo ninguna transición política en Venezuela ni nada que se le parezca.

Este es un escenario diferente para EEUU que ve complicarse su jugada política. El secuestro del presidente Maduro, sin transición política favorable a EEUU, no tiene ningún sentido. Es por eso que el presidente Trump, el cuatro de enero, lanza una amenaza a Delcy Rodríguez, indicando que “pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro”, “si no hace lo correcto” (The Atlantic). Hacer lo correcto es, evidentemente, poner el país a disposición del tutelaje de la administración provisional encabezada por Marco Rubio. 

Por otra parte, el mismo 4 de enero, todo el alto mando de las fuerzas armadas bolivarianas, presididos por Vladimir Padrino, hacían una declaración pública en el cual indicaban su absoluta cohesión con el poder político, su obediencia a la Constitución y su defensa irrestricta a la soberanía nacional, al tiempo que denunciaban el secuestro del presidente Nicolás Maduro a quien reconocían como único líder indiscutible de la revolución bolivariana y pedían su inmediata devolución. Esto indicaba que EEUU no tenían ningún punto de apoyo en las fuerzas armadas bolivarianas.

Las declaraciones de las grandes potencias económicas, salvo Europa, fueron unánimes en condenar la operación militar norteamericana y el secuestro al presidente Maduro. China exigió la puesta en libertad inmediata del presidente Maduro y condenó en duros términos a EEUU. Lo mismo hizo Rusia y también Irán. De su parte, Corea del Norte, incluso amenazó con la guerra si no se liberaba inmediatamente a Maduro. Los gobiernos latinoamericanos de Cuba, Nicaragua, México, Colombia, Brasil, Chile y Uruguay también fueron contundentes en su rechazo al secuestro del presidente Maduro y a la agresión militar a Venezuela. Solamente los gobiernos de Bukele, en El Salvador, Milei en Argentina y Noboa de Ecuador, se mantuvieron entusiastas en su apoyo a la administración Trump.

A pesar del repudio mundial a esta agresión militar contra un país soberano, en varias declaraciones el presidente Trump también amenazó al presidente de Colombia, Gustavo Petro y realizó amenazas al gobierno mexicano. Asimismo, declaró su intención de adueñarse de Groenlandia, lo que suscitó la inmediata reacción del gobierno danés.

En el caso de Europa, existieron fuertes condenas por parte de algunos partidos políticos, como Podemos e incluso el Partido Socialista Español; pero quizá lo más sorprendente fue la posición de la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, quien rechazó de forma categórica la intervención norteamericana indicando que la soberanía de los países y el derecho a la autodeterminación es absolutamente sagrado e inviolable; en cambio, el presidente de Francia, Macron, emitió un comunicado indicando que estaba presto a colaborar con la transición política en Venezuela y expresaba su apoyo a María Corina Machado. Esta posición hizo que la cancillería de Venezuela emita un enérgico rechazo a la posición de Francia. 

Muchos gobiernos asiáticos y africanos, se mantuvieron en la línea de rechazar la agresión y el secuestro al presidente Maduro, se solidarizaron con el pueblo venezolano y coincidieron en que la actuación de EEUU rompía de manera radical el orden jurídico internacional y generaba incertidumbre incluso en el comercio mundial.

En virtud de que la rueda de prensa y las declaraciones consecutivas del presidente Trump expresaban una relación directa entre el ataque a Venezuela con la intención de apoderarse del petróleo de este país, se forjó un consenso casi unánime a escala global de que el principal motivo del ataque a Venezuela y el secuestro a su presidente constitucional, Nicolás Maduro, no tenía propósitos políticos ni, menos aún, democráticos, sino económicos en la apropiación ilegal del petróleo venezolano. De ahí que algunos sectores de la derecha de varios países que en primera instancia aplaudieron la agresión a Venezuela y pensaron que, según ellos, eso traería la paz y la libertad al país, se quedaron sin argumentos cuando el propio presidente Trump aclaró, en repetidas oportunidades, que EEUU se adueñaría del petróleo de Venezuela porque, según él, les pertenecía por derecho propio.

En Venezuela el ataque militar y el secuestro a su presidente no provocó, como se había indicado, ningún cambio político en el país y, menos aún, un cambio de régimen. Por el contrario, el régimen, al cual los medios occidentales lo denominan “chavismo” aunque su nombre real es “Revolución Bolivariana”, se mantuvo intacto y consolidó su hegemonía sobre la sociedad. Así, no se produjo ningún tipo de desorden social y todas las movilizaciones sociales eran de respaldo al régimen y de repudio a EEUU. 

Esto quiere decir que la oposición política en Venezuela no tiene ninguna capacidad de movilización social y no puede, por tanto, convertirse en un actor importante para cualquier tipo de desenlace. Esto ya lo tiene claro la administración Trump que evacuó de la ecuación a María Corina Machado. Sin embargo, tampoco hay un ambiente de crisis y convulsión social que justifique otra intervención de EEUU y el surgimiento de un régimen de transición. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que emerja ningún régimen de transición política por lo que la administración Trump deberá negociar directamente con el “chavismo” la resolución de esta crisis.

Si EEUU negocia con el chavismo la única baza que tiene es aquella de la amenaza con golpear militarmente al país, sobre todo con bombardeo de misiles y de secuestrar militarmente a otros operadores políticos de la revolución bolivariana o, de ser el caso, eliminarlos. Es un chantaje fuerte pero que no tiene ninguna plausibilidad política. Si los operadores políticos venezolanos ceden al chantaje de EEUU y admiten la tutela de una administración presidida por Marco Rubio, es de suponer que no contarán con el apoyo de las fuerzas armadas bolivarianas ni, tampoco, con el apoyo del aparato político del partido PSUV ni tampoco con sus bases sociales. En otros términos, es un chantaje que solo sirve como argumento para consumo de la propia administración norteamericana, pero que no tiene posibilidades de ejecutarse en la práctica en Venezuela.

Esto no quita el hecho de que la administración venezolana presidida por Delcy Rodríguez acepte varios tratos de negociación con las empresas petroleras norteamericanas, pero en los términos establecidos directamente desde el “chavismo”, no desde EEUU. De hecho, ya lo había propuesto varias veces incluso Maduro antes de su secuestro. 

Entonces, EEUU se confronta a un escenario en donde el secuestro al presidente Nicolás Maduro no cumple ya ninguna función política y, en cambio, se ve confrontado a un desgaste internacional evidente. Para la inmensa mayoría de países y de sociedades, EEUU se ha convertido en un Estado al margen de la ley, en un Estado canalla. Una imagen con la cual difícilmente se puede gestionar la hegemonía global.

Si no hay ninguna transición política en Venezuela, para Trump el juicio que pretende realizar en las cortes judiciales norteamericanas en contra del presidente Nicolás Maduro se convierte en un pasivo político fuerte y en un dolor de cabeza. No tiene ningún argumento jurídico que avale esta pretensión, porque se trata de un presidente en funciones. 

De ahí la importancia del pronunciamiento de la Corte Constitucional de Venezuela que “encarga” las funciones presidenciales a Delcy Rodríguez. Esto quiere decir que no hay transición política y que Nicolás Maduro sigue siendo presidente constitucional de Venezuela y, por tanto, comandante en jefe de las fuerzas armadas venezolanas. 

La cuestión es ¿con qué marcos jurídicos pretende enjuiciar EEUU a un presidente extranjero en funciones? Maduro no ha sido depuesto. No es un ex presidente. Sus funciones constitucionales siguen vigentes. Sigue siendo el comandante en jefe de sus fuerzas armadas. Hay muchos Estados que lo reconocen aún como gobernante en funciones ¿Puede cualquier juez norteamericano juzgar a un presidente constitucional y en plenas funciones? La respuesta, dentro del derecho tanto norteamericano como internacional es que, obviamente, no puede hacerlo. 

Para hacerlo necesita de una capacidad jurídica que no posee y que al momento solo tiene la Corte de la Haya y, además, previo acuerdo de los países signatarios y, hay que recordarlo, EEUU no es un país signatario de estos acuerdos.

EEUU puede acudir al expediente de la lucha contra el narcotráfico y los carteles de la droga y puede inventarse todos los argumentos a este tenor como, efectivamente, lo ha hecho. Creó un imaginario cartel de narcotráfico al que le puso un nombre rimbombante, como “Cartel de los Soles”, que solo existe en la imaginación de la administración Trump. Endilgó responsabilidades penales a Nicolás Maduro a partir de la adscripción imaginaria a este cartel inexistente y, con ese argumento, procedió a secuestrarlo y ponerlo a órdenes de la justicia norteamericana. El problema es que, días antes de esto, la administración Trump indultó a uno de los mayores narcotraficantes del mundo, el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, detenido por la DEA y acusado de traficar más de 400 toneladas de droga hacia EEUU. Esto quiere decir que la administración Trump carece de validez moral para otorgar validez real a su imaginario cartel de los soles.

Si el sistema de justicia norteamericano acepta juzgar por cargos inexistentes a un presidente constitucionalmente electo y en funciones, secuestrado de forma ilegítima e ilegal, se expone a la ilegitimidad de todas sus decisiones y aparecer ante el mundo como un artefacto político al servicio del poder de turno. Si no hay ni causales ni formas jurídicas pertinentes y adecuadas para juzgar a un presidente constitucional en funciones, ¿con qué argumentos legales procesar a su esposa, Cilia Flores? ¿Cómo justificar su secuestro?

El sistema legal norteamericano se confronta a una aporía jurídica que nace de una decisión abrupta, irresponsable y abusiva tomada por Trump. La aporía es que si acepta juzgar a Maduro demuestra que la justicia norteamericana está tan politizada y tan corrupta como cualquier país acusado de ello. Si no acepta juzgarlo, en cambio, expone a Trump a la vindicta universal y debilita a su propio gobierno de manera radical y, finalmente, daría la razón al “chavismo” y Trump tendría que devolver a Maduro.

La corrupción de la justicia por su politización, se trata del mayor cuestionamiento que había hecho el liberalismo a los denominados gobiernos totalitarios. EEUU se vanagloriaba de tener el mejor sistema judicial del mundo por la imparcialidad de sus jueces y la consistencia jurídica de sus veredictos y sentencias. Pero eso está a punto de perderse de forma irremisible.

Aceptar el juzgamiento a un presidente constitucional en funciones por actos que tienen que ver con su actuación como presidente constitucional de un país, y en un contexto donde se han cometido tantas irregularidades y con imputaciones que nacen desde la imaginación, pone en tensión a todo el sistema judicial norteamericano y a uno de sus principios más importantes, aquel de la seguridad jurídica.

En efecto, ¿puede garantizar la seguridad jurídica un sistema judicial corrupto y dependiente del sistema político? ¿Qué confianza tener en un juez que se arroga el derecho a enjuiciar a un presidente constitucional en funciones? ¿Con qué pruebas reales el gobierno norteamericano va a acreditar la existencia de un cartel imaginario?

Si las cortes judiciales de EEUU aceptan el pedido de Trump de enjuiciar por cargos inexistentes a un presidente constitucional en funciones, revelarían que actúan movidas por presión de su sistema político y eso, en otros términos, se llama corrupción.

A diferencia de otros contextos, como el juicio a Saddam Hussein en Irak, que mantuvo al menos la apariencia de legalidad en una orden que provenía desde el sistema de Naciones Unidas, o el apresamiento a Manuel Noriega en Panamá quien, además, había trabajado para la CIA; esta vez la administración Trump no tiene absolutamente nada para justificar y legitimar sus acciones contra Venezuela. 

Así, desde sus inicios, el proceso legal que EEUU emprendería contra Nicolás Maduro, no solo que sería ilegítimo sino ilegal. Se demostraría como la cobertura jurídica desde el sistema judicial norteamericano a una acción ilegal y arbitraria de la administración Trump. En otros términos, corrupción pura y dura. Esta sería una interpretación a escala global que repercutiría inmediatamente en las decisiones que los demás países tengan que adoptar con respecto a EEUU. La administración Trump, de esta manera, provocaría el mayor daño a la credibilidad y legitimidad de su sistema de justicia, en toda su historia. Un daño que, además, no tendrá reparación.

Ahora bien, puede establecerse con cierta precisión que la administración y tutelaje colonial sobre Venezuela y teóricamente encabezada por Marco Rubio no tiene ninguna posibilidad de ejecutarse en la práctica. Es imposible que la revolución bolivariana, los cuadros políticos del PSUV, las bases sociales y las fuerzas armadas bolivarianas, entre los actores más importantes, lo permitan. También es virtualmente imposible que Trump vuelva a atacar al país para imponer esta administración y tutelaje colonial. A pesar de todas las amenazas, la revolución bolivariana no cederá un milímetro ante la administración Trump y un nuevo ataque o bombardeo no añade ni cambia nada de la actual correlación de fuerzas. 

Es improbable que Trump opte por el desembarco de tropas para tomar el control del país porque el Congreso norteamericano no lo permitiría. Sería un desangre gratuito y sin ningún beneficio de inventario, con el riesgo que sea un conflicto armado que absorba tal cantidad de fuerzas y recursos que dejaría abiertas otras fronteras bélicas importantes y estratégicas para EEUU, como aquella de Israel frente a Irán, o Ucrania frente a Rusia, o Taiwán frente a China. Si EEUU entra en este escenario su declive como potencia sería inminente e irreversible.

Tampoco es plausible el procedimiento jurídico contra Nicolás Maduro. Es un presidente constitucionalmente electo y en plenas funciones. Ningún país del mundo ha realizado un proceso de esas características. Sería la primera vez en la historia moderna reciente, que un país se arroga el derecho a secuestrar a un presidente y enjuiciarlo con sus propias leyes cuando aún sigue en funciones y tiene el reconocimiento constitucional no solo de su propio país sino de otros Estados en el mundo. EEUU se arrogaría funciones que le competen exclusivamente a la Corte de la Haya. 

Por eso, si se produce ese juicio contra Nicolás Maduro quien, recordemos, aún está en funciones presidenciales, el bochorno y el escarnio que ese juicio provoque sobre la imagen del sistema judicial de EEUU lo desgastará irremisiblemente y lo conducirá a la mayor crisis de legitimidad en su historia. ¿Aceptará el sistema político norteamericano pagar un precio tan alto por una decisión tan equívoca? 

Es necesario decirlo fuerte y claro: no habrá ninguna transición política en Venezuela que sea conveniente a EEUU. Tampoco habrá ningún tutelaje de ninguna administración colonial. El juicio a Nicolás Maduro en las cortes norteamericanas tampoco es plausible. EEUU no tiene otra opción que entregar a Nicolás Maduro a Venezuela. No hay plan B para EEUU. La derrota política de EEUU en esa aventura estuvo prescrita desde sus inicios.

El secuestro al presidente venezolano Nicolás Maduro solo se justificaba si desencadenaba, como sucedió en Libia o Irak, una transición política hacia un nuevo sistema político dependiente y funcional a EEUU. Pero eso no pasó ni va a pasar en Venezuela. Por eso, mantener el secuestro a Nicolás Maduro le hace daño a EEUU, no a Venezuela.

Trump y su entorno cometieron un terrible error de cálculo. Pensaron que al secuestrar a Maduro los venezolanos saldrían a las calles a gritar por su libertad recuperada gracias a los marines norteamericanos. Pensaron que Venezuela se hundiría en el caos más absoluto y que ellos retornarían a poner orden e imponer la democracia. Pensaron que Venezuela era la gloriosa puerta de entrada al “corolario Trump” a la Doctrina Monroe. Pensaron que Venezuela no era sino una réplica a escala menor de Irak o a escala mayor que Panamá.

Pero nunca pasó lo que habían supuesto y lo que habían previsto. Nunca se les dio por pensar que detrás de Maduro había un proceso político llamado Revolución Bolivariana. Nunca entendieron que los procesos políticos no cambian por más bombardeos que se hagan. Nunca entendieron la fuerza simbólica que tiene en el pueblo venezolano la imagen histórica del Libertador Simón Bolívar. Enfrentarse a los herederos del Libertador es palabras mayores. No hay ni habrá imperialismo alguno que pueda hacerlo. 

Ahora no saben cómo asumir su derrota. No saben a quién culpar por sus errores. Quizá quieran salir de esta crisis huyendo hacia delante y provocando otra crisis de mayores consecuencias. Probablemente busquen a otro país como chivo expiatorio. Pero se enfrentan a un escenario real y es el impeachment, es decir la destitución de Trump, porque Trump ha hecho demasiado daño a su país. Lo ha llevado hacia el aislamiento mundial. Ha convertido a su Estado, en un Estado canalla. Ha utilizado las formas políticas que nacen de su responsabilidad como presidente de la potencia más grande del mundo, como su negocio personal para satisfacer su narcisismo infinito.

 

La estrategia del Hobbit. Una lectura política del paro indígena y la derrota electoral de Noboa del 16-N

La estrategia del Hobbit 

Una lectura política del paro indígena y la derrota electoral de Noboa del 16-N

 

A Verónica, y su pueblo

 

Pablo Dávalos

 

La lucha indígena del mes de septiembre-octubre de 2025 fue un factor clave para reposicionar las fuerzas políticas en el Ecuador que condujeron a la primera derrota al gobierno del magnate bananero, Daniel Noboa en la consulta y referéndum del 16 de noviembre de 2025. Esta derrota electoral le impide al gobierno cerrar la transición política y abre el espacio para nuevas definiciones. 

¿Cómo se produjo esa derrota política al régimen de Daniel Noboa? ¿Qué actores fueron claves para su desenlace? ¿Existe alguna vinculación entre el paro indígena de septiembre-octubre de 2025 con las elecciones de referéndum y consulta popular de noviembre? ¿Cómo altera el escenario político del Ecuador el resultado electoral del 16-N? 

Para comprender la magnitud, alcance y repercusiones de la derrota política al gobierno de Noboa hay que indicar, en primer lugar que, hasta ese momento, se trataba de un gobierno que no había tenido verdadera oposición política y que su capacidad de hegemonía y dominación política fueron incluso más importantes que aquellas del ciclo político 2007-2017 de la Revolución Ciudadana; en segundo lugar, hay que identificar el proceso político que condujo a esa derrota a un gobierno que había cooptado al Estado y controlado de tal manera a la sociedad que lo convertían en hegemónico y, aparentemente, aseguraban una dominación política al largo plazo.

La derrota política del 16-N altera ese escenario y conduce a nuevas interrogantes que tienen que ver en la identificación de las fisuras que se produjeron en ese monolítico y, supuestamente, inquebrantable modelo de dominación política.  

Un gobierno sin oposición política

Daniel Noboa llega al poder producto de la transición política provocada por la decisión del ex presidente Guillermo Lasso de acudir a la muerte cruzada para evitar ser enjuiciado por la Asamblea Nacional por sus vínculos con el crimen organizado. Una vez en el poder, Noboa utilizó todo el peso del Estado para inclinar la balanza y ganar las elecciones del año 2025.

Desde fines de 2023 hasta el referéndum y consulta popular de 2025, el gobierno de Noboa había construido un proyecto político caracterizado por el control absoluto del Estado y de la oposición. En efecto, el único espacio de oposición a Noboa había sido, y muy tímidamente por lo demás, la Corte Constitucional. 

Si la Corte Constitucional se convirtió en un obstáculo y, por tanto, abrió un resquicio de oposición fue muy a su pesar y, en realidad, se produjo ante el irrespeto a las formas básicas al orden constitucional por parte del gobierno de Noboa. Se trató de una forma tan grosera y tan burda de hacer caso omiso a la Constitución en varios proyectos de ley enviados por el gobierno, que a la Corte Constitucional no le quedó más remedio que poner un poco de límites a este ejercicio desmesurado del poder y, solo por haberlo hecho, se transformó rápidamente en enemiga del gobierno y fue tratada a ese tenor.

Fuera de esa tímida oposición, el gobierno de Noboa, prácticamente, lo controlaba todo. Así, llegó a controlar totalmente a la Asamblea Nacional que nunca negó ninguno de los proyectos de ley del gobierno y que cerró, hasta nueva orden, la oficina de fiscalización, en un entorno en donde se multiplicaban las denuncias de corrupción. La legislatura, controlada por el gobierno, llegó al extremo de aprobar verdaderas aberraciones jurídicas que, finalmente, tuvieron que ser declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional. 

El principal partido de la oposición, la Revolución Ciudadana, fue cuidadosamente neutralizado de tal manera que todos sus pronunciamientos se convertían en la voz que clamaba desde el desierto. Para acotar aún más la incidencia política de la RC se apretó el lawfare en su contra al extremo de vincular a los líderes de la RC en el crimen del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Una aberración cuya lógica era política no jurídica y que demostraba el verdadero sustrato del lawfare. Si se habían inventado el expediente del “influjo psíquico”, el lawfare era capaz de hacer hasta lo inimagible, como efectivamente sucedió.

Para que estas aberraciones jurídicas y políticas sean legítimas, es decir, sean mínimamente plausibles y permitan la persecución correspondiente, el gobierno había cooptado las palancas fundamentales de la función de administración de justicia y de la función de participación y control social. Gracias a ese control pudo mantener bajo su dominio la fiscalía general del Estado, una palanca esencial para el lawfare. 

Esto puso a la RC en una posición defensiva y sin capacidad de asumir ningún liderazgo social ni, tampoco, de posicionar ningún relato que dispute con aquel del poder. 

De otra parte, luego de la defección de los seis asambleístas del movimiento Pachakutik que se pasaron al lado del gobierno, el movimiento Pachakutik se quedó prácticamente sin representación parlamentaria y, por tanto, sin capacidad alguna de incidir en el debate al interno del sistema político. Así, se había logrado silenciar y neutralizar a otro partido político que podía causar ruido e impedir la consolidación de la dominación política.

Todas estas maniobras le dieron a Noboa una capacidad hegemónica casi absoluta sobre el sistema político. No obstante, para garantizar esa dominación política y esa capacidad hegemónica el gobierno de Noboa tenía que alterar la arquitectura institucional del Estado para ponerla en función de sus necesidades de dominación política. Esto significaba, en la práctica, la desarticulación de las instituciones públicas, su pérdida de legitimidad y su paulatino deterioro. La hegemonía y dominación política del gobierno de Noboa necesitaba de instituciones débiles que sean susceptibles de captura, manipulación, sometimiento y control. El Estado Fallido fue una determinación más de esta estrategia de control total.

El gobierno había logrado también imponer un cerco político sobre la organización social más importante del país, el movimiento indígena y la CONAIE. Para ello utilizó a los mismos asambleístas del movimiento Pachakutik que habían defeccionado del movimiento para transformarlos en operadores políticos del régimen. El gobierno de Noboa también cooptó a varios ex líderes indígenas y aprovechó el fuerte sentimiento indígena y comunitario en contra del “correísmo” como capital político propio. De hecho, en todas las votaciones, los comuneros indígenas se habían decantado de forma mayoritaria por el gobierno de derecha de Noboa.

Así, había cerrado todos los puntos de fuga del sistema político. Pero subsistía la apariencia de libertad de expresión y pluralismo político para aquellos que insistían en hacer la oposición a Noboa, aunque su impacto real era intrascendente. De esta forma, gracias a su dominio sobre el sistema político y sobre las instituciones del Estado, el gobierno devenía en régimen.

Ajuste, FMI y neoliberalismo

En términos económicos, el régimen de Noboa había trasladado las palancas del manejo de la economía directamente al FMI y al Banco Mundial. Era el FMI quien monitoreaba cuidadosamente el cumplimiento irrestricto de las metas del programa de consolidación fiscal y tomaba todas las decisiones económicas importantes. Las políticas de austeridad eran implacables y se habían impuesto sin que, hasta ese momento, hayan generado ninguna oposición ni política ni social. 

Para garantizar el control social, el régimen había utilizado de manera estratégica la comunicación política y, en especial, las redes sociales. Tenía aliados potentes para hacerlo. Empresas como la transnacional Palantir, entre otras, fueron claves para identificar a nivel incluso personal aquellos núcleos de resistencia y oposición y poder monitorearlos, controlarlos y, llegado el momento, neutralizarlos.

El régimen disponía de una cartografía a nivel detallado de todos los apoyos, así como de todos sus críticos y sabía dónde y cómo intervenir. Cuando existían críticos que rebasaban el perímetro ideológico permitido entonces se intervenía de manera directa. 

Control social en la dominación política

Para entender esta forma de control y dominación quizá valgan varios ejemplos. El alcalde de una pequeña ciudad del sur del país, la ciudad de Nabón, a la sazón presidente del gremio de alcaldes, denominado Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, había reclamado la falta de compromiso del gobierno con las alcaldías y el injusto recorte de sus asignaciones, así como los retrasos y entrega de bonos del Estado en vez de recursos líquidos que multiplicaban la deuda existente. El régimen optó por intervenir directamente sobre este gremio y nombró, por fuera de los estatutos vigentes del gremio, a alguien cercano y, de esta forma, cerró la oposición que surgía desde este espacio. La nueva representante del AME se alió inmediatamente al régimen e indicó que, de hecho, ya no había ninguna deuda del gobierno con las alcaldías del país. 

Otro ejemplo. El medio de comunicación digital La Posta, que había ganado una enorme legitimidad y un gran número de seguidores gracias a sus investigaciones periodísticas sobre la relación del ex presidente Guillermo Lasso y su cuñado, Danilo Carrera, con la mafia albanesa y el narcotráfico, se había convertido en un dolor de cabeza para el régimen porque, habida cuenta de los efectos multiplicadores en redes sociales que tenían sus comentarios, se convertía en una oposición mediática fuerte al señalar continuamente los errores del régimen. En virtud de que este medio de comunicación fue importante para restarle credibilidad y legitimidad al gobierno de Lasso que, finalmente, lo condujeron a decretar la muerte cruzada, el régimen de Noboa no podía permitirse un riesgo similar, sobre todo cuando existía abundante material periodístico que podía demostrar la creciente corrupción de su gobierno.

¿Qué hizo el régimen de Noboa? Pues comprar ese medio de comunicación por un valor, según información de redes sociales, de alrededor de un millón dólares. Con eso cerró una de las voces disonantes y, supuestamente, dentro del respeto al derecho a la libertad de expresión.

Entonces, la única oposición que tuvo, como ya se había indicado, fue aquella que surgió desde la Corte Constitucional que frenó algunas de las arbitrariedades y aberraciones jurídicas que se habían propuesto desde el régimen. Ahora bien, uno de los puntos claves de esa disputa fue la decisión de la Corte Constitucional de acotar varios de los Decretos Ejecutivos que declaraban el Estado de Excepción.

En efecto, desde el primer día que asumió el gobierno, el régimen había decretado, casi de forma mensual e ininterrumpida, continuos Decretos de Estado de Excepción en donde el país se desplazaba desde un orden de un Estado constitucional de derechos y justicia hacia un régimen de estado de excepción permanente. 

El Estado de excepción permanente le permitía utilizar discrecionalmente los recursos fiscales en función de la dominación política y las capacidades hegemónicas. Como un recurso heurístico para la legitimidad del Estado de excepción permanente, actuaba la crisis de seguridad ciudadana. En vez de resolverla, el régimen la atizó. En poco tiempo, el país se convirtió en el más inseguro del mundo. Eso, en realidad, era altamente funcional al modelo de dominación política. El régimen transformó al crimen organizado en vector funcional del poder. 

En consecuencia, fue ese control hegemónico al sistema político, a la institucionalidad del Estado, al movimiento social, y a toda la población, lo que le hizo apurar los tiempos para dirimir la transición política y cerrarla en beneficio propio. El régimen sabía que su principal limitante era la Constitución. Muchas de las líneas rojas que se había sobrepasado tenían que ver, precisamente, con límites impuestos por la Constitución vigente. Muchas de las trabas que impedían la consolidación de la dominación política estaban en la Constitución. 

Una nueva Constitución le permitiría al régimen, por ejemplo, reducir las capacidades de la Corte Constitucional y transformarla en una sala más de la administración de justicia, en donde el régimen tenía, además, el control total. Una nueva Constitución desarmaba al Estado y le permitía ampliar la frontera extractiva, limitar derechos y privatizar los sectores estratégicos. El régimen consideró, por tanto, que había llegado el momento de cruzar el Rubicón.

En primera instancia, el gobierno había considerado realizar esas elecciones de consulta popular y referéndum para el mes de diciembre de 2025. Optó por adelantarlas para mediados de noviembre de ese mismo año. El centro neurálgico de esas elecciones, definitivamente, era la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente, las demás preguntas creaban un efecto de adhesión simbólica y semiótica. Con una nueva Constitución el régimen podía consolidar su dominación política y crear un sistema político a imagen y semejanza de sus necesidades hegemónicas. La nueva Constitución cerraba la transición y la disputa hegemónica y proyectaba la dominación política del régimen en varios años hacia delante. Tenía un camino expedito para hacerlo. 

Una vez convocadas las elecciones para la nueva Asamblea Constituyente, el régimen podía utilizar el clivaje del correísmo-anticorreísmo que tan funcional se había demostrado y, además, gracias a su control social sobre el sistema político, su capacidad de utilizar de manera discrecional el presupuesto público gracias al Estado de excepción permanente y su estrategia mediática y de redes sociales, el escenario para ganar esas elecciones era altamente favorable para el régimen. ¿Qué podía salir mal? 

El error estratégico

Sin embargo, presionado por el cumplimiento del programa de consolidación fiscal del FMI y la necesidad de cumplir con este programa para disminuir el riesgo país, un indicador clave para poder emitir nuevo financiamiento en los mercados internacionales de capitales, el régimen comete su error estratégico más importante, pero, en ese contexto, aún no podía intuirlo de esa manera. Decidió elevar el precio del diésel de 1,80 USD a 2,80 USD. Era el inicio de la liberalización de los precios de los combustibles más sensibles a la respuesta social. 

El régimen por supuesto que sabía que eso provocaría malestar social y, probablemente, una movilización social por parte de la organización indígena CONAIE más otras organizaciones sociales. Para eso generó una estrategia de neutralización previa a la CONAIE en donde sus operadores políticos infiltrados en la organización indígena, empujaron a que la CONAIE declare la realización de un paro sin ninguna preparación previa, sin ningún acuerdo con sus bases y sin ningún proceso de discusión y organización con sus estructuras comunitarias, como generalmente hace esta organización social. Es decir, esa convocatoria al paro sin ningún tipo de organización previa, prácticamente, lanzaba a la CONAIE al vacío. 

Al mismo tiempo, el régimen optó por ocupar política y militarmente la provincia en donde se pensaba estaba el núcleo duro de la movilización indígena, la provincia de Cotopaxi, en el centro del país. El líder indígena Leonidas Iza que había organizado el levantamiento indígena contra el entonces presidente Guillermo Lasso es, justamente, oriundo de esta región.

El gobierno, además, abrió la chequera gubernamental para evitar las posibles resistencias del sector del transporte que podían oponerse a esta medida y comprar su acuerdo con las medidas económicas adoptadas. El régimen esperaba un paro indígena de pocos días que se caería por su falta de preparación y sin que se sumen a él prácticamente ninguno de los sectores sociales importantes. Se trataba de una derrota al movimiento indígena en su propio terreno, algo que no lo había logrado hacer ningún gobierno desde el primer levantamiento indígena de 1990 y que limpiaba el camino hacia la aprobación de la nueva Constituyente sin adversarios de cuidado. 

El régimen de Noboa tenía toda la información necesaria para saber que ese paro convocado por la CONAIE estaba derrotado de antemano y que la ocupación territorial en la provincia del líder indígena Leonidas Iza, demostraba quién mandaba en el país. Por eso el gobierno trasladó la sede gubernamental a esa provincia y esperó a que el paro indígena fracase. Tenía la intención de hacer firmar el acta de rendición a la nueva dirigencia de la CONAIE en su propio territorio. Todos sus operadores políticos infiltrados en la organización indígena le habían garantizado que ese paro indígena no conducía a ninguna parte.

La estrategia del hobbit

Sin embargo, ahí, cuando al parecer todo estaba ya definido y no había nada que hacer, emerge la estrategia del hobbit. Había un portador del anillo y no estaba precisamente en Cotopaxi, es más, ni siquiera estaba en la CONAIE. Era invisible para el poder y justamente por eso pudo derrotarlo.

La resistencia al régimen surgió en el lugar menos esperado: Cotacachi y la organización indígena Unorcac. La Unorcac no pertenece a la CONAIE sino a la Fenocin; sin embargo, forma parte del movimiento indígena, por eso, al estar en los márgenes, el radar del régimen (¿o el ojo de Sauron?) no lo había visto. Curiosamente, la Unorcac no forma parte de las bases de la CONAIE, pero varios de sus dirigentes, en cambio, sí forman parte del movimiento Pachakutik, lo que demuestra la complejidad del movimiento indígena ecuatoriano.

Esa compleja mixtura Unorcac-Fenocin-Pachakutik, de la región de Cotacachi, fue el núcleo que encendió la chispa e incendió la pradera. Ahí, en los bordes del movimiento indígena se fraguó la resistencia más heroica contra uno de los proyectos políticos más densos y potentes de las clases dominantes.

Para el régimen, la resistencia y movilización en Cotacachi fue impensada, imprevista y lo tomó por sorpresa. Su desplazamiento al centro del país, hacia la provincia de Cotopaxi en donde había imaginado estaría el núcleo duro de la resistencia se reveló como un error de cálculo porque lo había distanciado del verdadero núcleo duro de la resistencia. 

Ahora bien, la movilización de la Unorcac-Fenocin-Pachakutik, motivó a que la organización de base de la CONAIE en la provincia de Imbabura, la FICI, actúe más como reflejo mimético que en cumplimiento del paro de la CONAIE. Al integrarse la FICI a la movilización, en realidad fue toda la provincia de Imbabura la que se sumó al paro indígena. Esto provocó un efecto de contagio y derrame hacia las organizaciones indígenas vecinas del pueblo Cayambi, porque algunas de ellas también son parte de la FICI, y la movilización prendió en Cayambe y, por extensión, el norte de la provincia de Pichincha hacia organizaciones que, esta vez, sí pertenecían a la CONAIE. 

El paro convocado por la CONAIE y que se había pensado que estaba condenado al fracaso empezó a prender a nivel nacional. Los focos de movilización empezaron a multiplicarse por todo el país. Tanto el gobierno como incluso la misma dirigencia de la CONAIE estaban sorprendidos de ello. El gobierno porque estos núcleos de resistencia estaban por fuera de su radar y afectaron su cálculo político; y la dirigencia de la CONAIE porque no había organizado ni tampoco había dado conducción política al paro y se sorprendía de una movilización que se le había escapado de sus manos.

El gobierno optó por encerrar la movilización en la zona geográfica de Imbabura y el norte de Pichincha y resolverla desde la lógica del enfrentamiento militar para evitar un efecto de contagio. Envió convoyes militares a los territorios indígenas, con el disfraz de convoyes humanitarios, pero con la orden de terminar el paro al precio que sea. Producto de esa violencia empezaron a caer las primeras víctimas; gracias a las redes sociales y las cámaras de vigilancia, se pudo apreciar la magnitud de la brutalidad de la violencia utilizada por el gobierno de Noboa cuando los militares agredieron a uno de los manifestantes de la Unorcac que, como se demostró luego, agonizaba en la calle mientras era torturado por las fuerzas armadas.

Ese testimonio gráfico de la brutal violencia del régimen provocó un rechazo social casi unánime. El gobierno empezaba a perder su imagen y demostrarse como verdaderamente es: violencia pura y corrupción generalizada. 

Durante ese mes de violencia, murió un comunero de Cotacachi, Efraín Fuérez, y más de cuatrocientos fueron heridos, muchos de ellos de gravedad. También murieron otros comuneros en otras provincias del país. Muchos heridos fueron amputados de sus extremidades para sobrevivir. Cotacachi e Imbabura pagaban un alto precio por su heroica resistencia al poder. La máscara del poder caía y la sociedad podía ver directamente al rostro de la Hidra.

La violencia de la represión activó mecanismos ancestrales de lucha social en el pueblo de Cotacachi, famoso, además, por sus fiestas del Inti Raymi y la lucha entre comunidades por la toma de la plaza. En vez de amilanar y crear miedo social, la violencia del régimen, en realidad, fue el aliciente para radicalizar la movilización. Esa radicalización se expresó por su duración y contundencia. Desde el primer levantamiento indígena de 1990, era la primera vez en la historia moderna que una movilización social se sostiene durante un mes consecutivo y con radicalidad creciente.

En ese mes, la resistencia y movilización de la Unorcac-Fenocin-Pachakutik, fue el referente para movilizaciones en todo el país. Las imágenes de la brutalidad represiva actuaban como catalizadores para generar solidaridad, adhesión y, en algunos casos, motivar a la movilización de otros sectores sociales, al tiempo que producían desencanto en sectores que aún apoyaban al régimen.

Sin embargo, se trataban de movilizaciones que no tenían conducción política. La recientemente electa dirigencia de la CONAIE había decidido abandonar a sus bases y, sin conducción y liderazgo político, las movilizaciones se radicalizaban, pero no escalaban y, finalmente, remitían. La falta de liderazgo no otorgó a las movilizaciones que se suscitaron en varias provincias del país, la proyección y el liderazgo político que necesitaban. El cálculo del gobierno con respecto a la dirigencia indígena de la CONAIE se había demostrado correcto. Era una dirigencia incapaz de liderazgo político a nivel nacional.

Empero de ello, la resistencia y la movilización social de Imbabura nunca cejó. Fue tenaz. Durante un mes, las organizaciones indígenas de Imbabura pusieron al gobierno contra las cuerdas. En ese mes arrebataron la construcción del relato al gobierno y le quitaron legitimidad. Se produjo, además, algo relativamente inédito. Al no tener conducción política centralizada porque los dirigentes de la CONAIE, esta vez decidieron hacer mutis por el foro y abandonar a sus bases, crearon el expediente de la conducción política descentralizada y en donde eran las bases las que asumían esa conducción política directamente.

El gobierno, además de la violencia armada, recurrió a otras formas de violencia relativamente inéditas, entre ellas, la violencia financiera. Ordenó a los bancos y cooperativas del país que cierren todas las cuentas bancarias de todas las personas y organizaciones vinculadas con la movilización social. Sin orden previa de ningún juez y sin ningún procedimiento jurídico que avale tal decisión, el régimen pensó que, al asfixiar económicamente a las organizaciones, líderes y comuneros, podía obligarlos a rendirse.

Fue una medida desesperada que no rindió fruto alguno y que desgastó aún más al gobierno. En medio de ese desgaste, las pruebas apuntan a que fue el propio gobierno quien organizó ataques de falsa bandera de terrorismo en la ciudad de Guayaquil para justificar el discurso del “narco-terrorismo” con el cual se pretendía deslegitimar el paro indígena y justificar la violencia de la represión.

De esta manera, cada día que pasaba sin resolver el paro indígena era un día perdido para el gobierno y un día ganado para la resistencia. 

El reloj de arena de la consulta popular, en cambio, se aproximaba a sus días decisivos. En un ambiente de lucha y confrontación social y con toda la narrativa vinculada al paro indígena, era imposible que el gobierno sitúe otra narrativa para convencer al electorado de la necesidad de una nueva Constitución. Su proyecto insignia empezaba a hacer aguas.

Las organizaciones sociales decidieron suspender el paro apenas a tres semanas de las elecciones de consulta y referéndum, con el propósito de llevar la energía política de la movilización hacia las elecciones. Las organizaciones indígenas decidieron proyectar la resistencia hacia la consulta y referéndum como una estrategia que nace directamente desde las bases, desde la gente, desde el pueblo. Crearon una especie de línea de continuidad entre la movilización y la consulta y el referéndum. En otros términos, la Unorcac-Fenocin-Pachakutik, que fue el núcleo duro de la resistencia, decidió que la movilización social debía continuar, pero por otros medios, esta vez asumir la forma electoral para derrotar al gobierno en la consulta y referéndum.

El cambio de registro fue abrupto y siguió la ruta trazada por la movilización social. En virtud de que siempre fue una movilización descentralizada el sustrato político de la campaña por el NO al régimen también asumió ese carácter descentralizado. De un día al otro, el país pasó de la narrativa del paro indígena a la convocatoria a votar NO contra el gobierno de Noboa y que tenía su centro de referencia en esa forma descentralizada que asumió el paro indígena y su fuente en las organizaciones que llevaron adelante ese paro indígena-popular. La campaña por el NO al referéndum y consulta popular del régimen fue, en realidad, una continuación del paro indígena. No puede pensarse lo uno sin lo otro.

Las mismas organizaciones indígenas que se movilizaron en todo el país y que nunca tuvieron conducción política por parte de la nueva dirigencia de la CONAIE y de ninguna otra organización, decidieron asumir directamente la campaña por el NO. Cuando el gobierno quiso hacer campaña para que el electorado vote por sus propuestas y adscriba a su proyecto de una nueva Constituyente, ya no había espacio político. Ese espacio había sido copado desde el paro indígena, desde la gente, desde el pueblo.

El régimen de Noboa, en realidad, perdió las elecciones tres semanas antes de las votaciones y las perdió cuando no pudo dar salidas políticas a la movilización indígena. Las perdió cuando pensó que podía solucionar un conflicto político con violencia militar y policial. El gobierno pensó que tenía el espacio y las condiciones para repetir el mismo formato que le había sido tan útil anteriormente de apelar al clivaje correísmo-anticorreísmo, pero que esta vez ese clivaje resultaba anacrónico, fuera de lugar, incongruente.

En efecto, en esas tres semanas antes de las votaciones, cuando el país aún procesaba la violencia utilizada por el gobierno contra los comuneros indígenas durante el paro indígena y cuando la propia CONAIE no atinaba a comprender qué había pasado, se produjo una campaña totalmente descentralizada por el NO al régimen, que convocó a todos los ciudadanos a que expresen su malestar, su inconformidad, su hastío con la corrupción, las mentiras, la demagogia y la violencia del gobierno de Noboa. La consulta y referéndum, gracias al paro indígena, se había transformado en plebiscito. En ese contexto, apelar al correísmo y anticorreísmo como operador simbólico para disciplinar al electorado era absurdo, improcedente y fuera de toda racionalidad política. 

A pesar de eso, el gobierno intentó hacerlo cuando ordenó que el ex vicepresidente Jorge Glas, detenido por el proceso de lawfare contra la RC, sea trasladado hacia la nueva cárcel denominada del Encuentro, que aún estaba en proceso de construcción. Una jugada que le restó más legitimidad y que mostraba al correísmo como víctima del poder.

El gobierno pensó que el correísmo podía suscribir su tesis de convocatoria a la nueva constituyente porque supuestamente le convenía participar, pero no entendió que el momento político luego del paro indígena había evacuado de la discusión política a todos los partidos políticos. De hecho, el único partido político que entró como tal a definir la consulta y el referéndum fue aquel del régimen. Los demás partidos fueron invisibilizados por el carácter popular que asumió la campaña por el NO y por esa estructura descentralizada de manejo político que se creó durante el paro indígena.

De la misma manera que Noboa no sabía contra quién se confrontaba en Imbabura, porque pensó incluso que lo hacía contra las bases de la CONAIE, así no entendió que en la consulta y referéndum no se confrontaba contra ningún otro partido político de oposición sino en contra de la ciudadanía y que ya no se trataba de una consulta sino de un plebiscito.

La ciudadanía que actuó de forma descentralizada creando relatos y posicionándolos en redes sociales contra el régimen, no habría tenido ese espacio político sin el paro indígena. La campaña por el NO a las preguntas del régimen en la consulta y referéndum adoptó una forma descentralizada y sin mandos porque ese fue, precisamente, el formato del paro indígena. Pudo imponerse sobre cualquier campaña de cualquier partido o movimiento político, porque estos partidos y movimientos no participaron en el paro indígena, por eso no tenían la legitimidad para asumir la conducción electoral de esta campaña por el NO.

Fue el pueblo, fue la estructura comunitaria la que asumió esa conducción política tanto durante el paro indígena cuanto la campaña por el NO a las preguntas del régimen. De ahí su carácter popular, espontáneo. Fue una revolución molecular. Una de las primeras que adopta esa forma en la historia reciente del país. 

La dirigencia de la CONAIE nunca dio línea política ni conducción política al paro indígena. Por eso la CONAIE no jugó ningún rol relevante en la campaña por el NO. Tampoco las estructuras del movimiento Pachakutik a nivel nacional. Tampoco lo hizo la RC. Todos ellos se sumaron a la campaña por el NO, pero la iniciativa política le perteneció por entero al pueblo, a la ciudadanía.

En las pocas semanas que tuvo el régimen antes de la consulta y referéndum, intentó utilizar los mecanismos de siempre de manipulación mediática, generación de miedo social al retorno del correísmo, entrega masiva de bonos y recursos públicos, pero era ya demasiado tarde. El resultado estaba ya prescrito y escrito por el paro y resistencia indígena.

Y en las elecciones sucedió lo que era previsible. En todos los sitios en los que el régimen demostró su brutalidad represiva, perdió con amplio margen. En Imbabura y en el norte de Pichincha, el NO gana incluso con el 90%. En la costa del país, el NO ganó de manera amplia. En las comunidades indígenas que antes habían votado masivamente por Noboa ahora lo hicieron contra Noboa. El paro indígena “despegó”, por así decirlo, a los comuneros de toda adhesión simbólica y semiótica con respecto al régimen.

Por eso, no se puede comprender el paro indígena sin la campaña descentralizada por el NO. Forman parte de un único proceso. Y es uno de los procesos políticos más complejos de los últimos años, porque presenta características nuevas y genera escenarios que no se habían previsto.

Fue una victoria popular que no puede ser adscrita a ninguna organización ni personaje en particular. Una victoria que desestructura todo el andamiaje que el régimen había construido. Ese resultado electoral crea un vacío político sobre el régimen. Puede ser que el régimen mantenga su control sobre el sistema político y el Estado, pero esta vez tiene a la sociedad en contra y ha perdido toda garantía de gobernabilidad. Esta victoria popular pone puntos suspensivos sobre la continuidad del programa económico del régimen. Si adopta nuevamente duras medidas económicas, es probable que se reactive la movilización y, esta vez, con más contundencia e intensidad y con pronóstico reservado para la estabilidad del régimen.

Es tan fuerte esta derrota estratégica al régimen de Noboa que es difícil que pueda recomponerse a futuro. Lo más probable es que la transición política continúe y Noboa no pueda siquiera terminar su periodo. Si es así, esta revolución molecular ha creado ya la forma política por la cual se puede superar el clivaje correísmo-anticorreísmo: la organización descentralizada, molecular, de la resistencia, de la movilización, es decir, el pueblo. Esa es la respuesta a la salida de la crisis y a la recuperación de la democracia, la institucionalidad y la paz. Esa respuesta es apostar totalmente a la capacidad de imaginación, de dignidad, de solidaridad del pueblo. Confiar en el pueblo, en su sabiduría, en su lucha. Esa es la gran lección de esta revolución molecular.